Barcelona, la “Rosa de Foc”

ACTUALIZADO EN MAYO DE 2026

Este texto fue escrito en octubre de 2019, en una Barcelona sacudida por protestas, tensión política y una memoria rebelde que volvía a ocupar las calles. El título recuperaba una vieja imagen de la ciudad: Barcelona como “Rosa de Foc”, una ciudad atravesada por revueltas, organización popular, represión y deseo de libertad.

Leído hoy, el texto no debe entenderse solo como una reacción a un momento concreto. Habla de algo más amplio: de cómo las ciudades guardan memoria, de cómo el poder intenta reducir la protesta a desorden, y de cómo la calle puede volver a ser un espacio de dignidad colectiva cuando las instituciones cierran caminos.

La Barcelona rebelde no pertenece solo al pasado. Está hecha de huelgas, barricadas, ateneos, barrios, fábricas, plazas, canciones, derrotas y esperanzas. Cada generación la nombra de una manera distinta, pero la pregunta de fondo permanece: quién manda en la ciudad y quién tiene derecho a imaginarla de nuevo.

Por eso conviene releer hoy esta entrada como una pieza de memoria política, no como una simple crónica de actualidad. Barcelona vuelve una y otra vez porque en ella se cruzan conflicto social, identidad popular, represión y deseo de cambiarlo todo desde abajo.

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Rosa de Foc (Rosa de Fuego) fue el sobrenombre que se le dio a Barcelona en las primeras décadas del siglo XX.

Friederich Engels ya dijo, en su día, que Barcelona era la ciudad con más barricadas por metro cuadrado.

Si con todo lo que has conocido esta semana todavía no has tomado partido sobre lo que pasa en Cataluña, es que ya has tomado partido. El partido de la represión.

Antes de condenar la violencia directa de estas noches en Barcelona, hay que condenar la violencia estructural y la violencia cultural que la originan. Estas otras dos violencias son las únicas responsables de que esa violencia directa exista.

Barcelona. La Rosa de Foc. 2019.10.15

¿Qué es la desobediencia civil?

La desobediencia civil aparece cuando la obediencia deja de ser una virtud y se convierte en complicidad. No nace del capricho ni de la rabia individual, sino de una decisión consciente: enfrentarse públicamente a una ley, una orden o una institución cuando sostienen una injusticia.

No toda protesta es desobediencia civil. Para serlo necesita responsabilidad, claridad ética, dimensión colectiva y voluntad de asumir las consecuencias. Su fuerza no está solo en desobedecer, sino en mostrar que la legalidad puede quedarse por debajo de la justicia.

Por eso la desobediencia civil permite entender muchas luchas: la defensa de derechos frente a leyes injustas, la memoria antifranquista, el feminismo, el antimilitarismo, la protesta social y las formas de poder construidas desde abajo.

La desobediencia civil consiste en desobedecer leyes injustas.

En la desobediencia civil prima la legitimidad, en lugar de la legalidad.

TOROS CON DINERO PÚBLICO

La tauromaquia no sobrevive solo por tradición. Sobrevive también porque recibe protección política, apoyo institucional y dinero público. No se trata solo de toros: se trata de maltrato animal sostenido, protegido y financiado por administraciones que prefieren llamar cultura a una forma organizada de sufrimiento.

Cuando una institución dedica recursos a promover, defender o gestionar espectáculos taurinos, no actúa de manera neutral. Está tomando partido por una práctica basada en el dominio, la sangre y la muerte pública de un animal. La crueldad no se vuelve digna porque la acompañen música, trajes, discursos oficiales y presupuesto.

Por eso esta cuestión va más allá del gusto personal. Habla de qué valores decide financiar una sociedad: si la empatía, el cuidado y la vida, o la exhibición pública de la violencia convertida en espectáculo y pagada entre todos.

75.084 euros anuales cobrará el torero Miguel Abellán como director del Centro de Asuntos Taurinos de Madrid.

Miguel Abellán, director del Centro de Asuntos Taurinos de Madrid

Nuevo juicio sobre el “Coño Insumiso”

ACTUALIZADO EN MAYO DE 2026

Este texto fue escrito durante el proceso judicial abierto contra varias mujeres por la llamada procesión del “Coño Insumiso”. Aquel caso no trataba solo de una performance irreverente. Trataba de los límites de la libertad de expresión, del uso político de la religión y de la persecución de formas feministas de protesta.

Leído hoy, el episodio conserva todo su sentido. Las acusadas fueron absueltas porque su acción no buscaba incitar al odio ni atacar a personas creyentes, sino expresar una crítica social, laboral y feminista en el espacio público. La diferencia es importante: una cosa es que una protesta moleste, y otra muy distinta que deba convertirse en delito.

El fondo del conflicto sigue abierto. Cada vez que una imagen, una pancarta, una canción o una acción simbólica son llevadas ante los tribunales por ofender a los poderosos, la pregunta vuelve a aparecer: quién decide qué puede decirse, qué puede representarse y qué cuerpos tienen derecho a ocupar la calle.

Por eso conviene releer esta entrada como una defensa de la libertad de expresión feminista y anticlerical. No se trataba solo de una procesión paródica. Se trataba de disputar el poder simbólico de quienes durante demasiado tiempo han querido decidir sobre los cuerpos, la moral y la voz de las mujeres.

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Este jueves, 3 de octubre, quedó visto para sentencia el juicio contra tres mujeres por la llamada procesión de la “Anarco-cofradía del Santísimo Coño Insumiso” y del “Santo entierro de los derechos sociolaborales” que recorrió el centro de Sevilla el 1 de mayo de 2.014.

A las puertas del juzgado se concentraron algunos manifestantes que apoyaban a los denunciantes, la fiscalía y a la Asociación de Abogados Españoles Cristianos (AEAC).

Mucho más numerosa fue la concentración de diversos colectivos feministas, que apoyaban a las mujeres acusadas.

¿Cómo dejar de recibir propaganda electoral?

Cada vez que hay elecciones, los partidos vuelven a llenar buzones con propaganda electoral impresa. Sobres, papeletas, cartas, folletos y mensajes que muchas personas no han pedido y que acaban acumulándose en casa o directamente en la basura.

No recibir esa propaganda es un derecho sencillo de ejercer. El Instituto Nacional de Estadística permite solicitar la exclusión de las copias del censo electoral que se entregan a las candidaturas para realizar envíos postales. La solicitud puede hacerse por internet desde la Sede Electrónica del INE, identificándose con Cl@ve.

La medida no impide votar, no borra a nadie del censo electoral y no afecta al derecho de participación política. Solo evita que los datos de domicilio se incluyan en las copias usadas por los partidos para mandar propaganda electoral por correo.

Es una pequeña decisión práctica, pero también simbólica: menos papel inútil, menos gasto electoral, menos invasión del buzón y un poco más de control sobre el uso de nuestros datos personales.

Los partidos reciben los datos de los electores para enviarles propaganda postal a su domicilio.

Esta semana han surgido campañas contra esta práctica, contra el gasto electoral y contra la propaganda: 

"¡No quiero ni un solo sobre con propaganda y papeletas electorales!".

ACTUALIZADO EN MAYO DE 2026

Este texto fue escrito en un momento en que la criminalización del independentismo catalán ocupaba el centro del debate político y mediático. Leído hoy, no debe entenderse solo como una reacción a una coyuntura concreta, sino como parte de una cuestión más profunda: el uso de aparatos del Estado, informes policiales, filtraciones, espionaje o campañas de descrédito contra adversarios políticos.

Con el paso de los años, términos como “Operación Cataluña”, “cloacas del Estado” o “Pegasus” han dejado de ser simples denuncias de parte para convertirse en materias investigadas en sede parlamentaria. Eso no resuelve todas las responsabilidades, pero confirma que el problema no era imaginario ni menor.

El fondo democrático sigue siendo el mismo: ningún Estado puede defender la legalidad usando zonas oscuras, guerra sucia o manipulación informativa. Cuando la razón de Estado se coloca por encima de los derechos, la democracia se estrecha y la disidencia queda marcada como amenaza.

Por eso conviene releer esta entrada como una advertencia. El problema no es solo Cataluña. El problema es qué tipo de democracia queda cuando los poderes opacos pueden actuar contra movimientos políticos, sociales o nacionales sin transparencia, control ni rendición de cuentas.

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Han enviado 500 guardias civiles a detener a gente de los CDR para imponer su falso relato de la violencia independentista.

Han difundido una nota de prensa ambigua, afinada por el fiscal. Corregida y aumentada por los medios de manipulación mediática.

Multa de 10.401 euros por 0,01 gramos de marihuana

ACTUALIZADO EN MAYO DE 2026

Este texto fue escrito a partir de una sanción desproporcionada: una multa de 10.401 euros por una cantidad mínima de marihuana. Más allá del caso concreto, la entrada señalaba uno de los rasgos más duros de la llamada Ley Mordaza: convertir conductas menores en castigos económicos capaces de golpear con mucha más fuerza a quien menos tiene.

Leído hoy, el problema sigue siendo de fondo. No se trata solo de drogas, ni solo de una multa. Se trata de un modelo de control social que usa la sanción administrativa para castigar sin pasar por un juicio penal, trasladando al ciudadano la carga de recurrir, pagar o resignarse.

Cuando una norma permite multas enormes por hechos de escasa entidad, la pregunta ya no es únicamente jurídica. Es política y social: a quién protege realmente la ley, a quién intimida y qué tipo de obediencia fabrica cuando convierte la pobreza en indefensión.

Por eso conviene releer esta entrada como una crítica a la penalización de la vida cotidiana. La represión no siempre llega con grandes titulares. A veces llega en forma de multa, expediente y miedo a no poder pagar.

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Un policía de Yecla, en Murcia, para a un chaval y le hace vaciar los bolsillos: mechero, llaves, móvil y un “grinder”. Un molinillo portátil de triturar marihuana.

El policía encuentra unas partículas de color verde. Según el Laboratorio científico, son 0,01 gramos de marihuana.

En aplicación de la Ley Mordaza, el policía le impone una multa de 10.401 euros, por reincidente.