En la imagen, el «material peligroso» que encontró la Guardia Civil: bolsas, cazuelas y una garrafa. Con eso acusaron de terrorismo a gente de los CDR en 2019. Aquí van los cinco puntos negros de la operación.

Enviaron 500 guardias civiles a detener a gente de los CDR para imponer su falso relato de la violencia independentista.
Difundieron una nota de prensa ambigua, afinada por el fiscal. Corregida y aumentada por los medios de manipulación mediática.
La operación tuvo cinco puntos negros:
1. Todo el comunicado de la Guardia Civil está en condicional. No afirma en ningún momento que hayan encontrado ninguna sustancia explosiva.
«Podrían estar preparados»; «presuntas actividades delictivas»; «sustancias, consideradas precursores para la confección»; «a espera de confirmación por los especialistas»…
Resumen: no hemos encontrado nada y no tenemos una puta mierda.

2. En el vídeo, los agentes entran en una especie de garaje donde hay bolsas, cazuelas negruzcas y una garrafa. Eso puede ser cualquier cosa.
3. La operación recuerda otros casos de acusados de terrorismo que acabaron en nada.
A Tamara Carrasco, activista de los CDR, se le incautó una careta de papel, carteles y un silbato. Estuvo un año confinada en Viladecans, acusada de terrorismo y rebelión. Luego los cargos desaparecieron. En 2020 la absolvieron.
Seis jóvenes fueron acusados de formar un grupo terrorista anarquista vegano. Los «materiales para fabricar explosivos» eran caldo de lombarda, vinagre y bicarbonato. Luego cambiaron la acusación por enaltecimiento del terrorismo, por frases como «Goku vive, la lucha sigue». Un joven estuvo más de un año en prisión. Al final, todos fueron absueltos.
4. La mayoría de los medios de manipulación mediática hablaron de goma dos, amonal y bombas. La policía lo desmintió.

5. Los políticos españolistas empezaron la precampaña electoral hablando de acciones terroristas independentistas. Carlos Alberto Rivera, entonces líder de Ciudadanos, volvió a pedir el 155.
Las cloacas del Estado seguirán con su trabajo hasta que acabemos con el régimen del 78.
En 2023 la Fiscalía pidió hasta 27 años de cárcel para doce de los acusados. En septiembre de 2024, la Audiencia Nacional se negó a aplicarles la amnistía y preguntó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En julio de 2026, ese tribunal avaló que la amnistía cubra delitos de terrorismo que no causaron graves violaciones de derechos humanos. Ahora tiene que decidir la Audiencia Nacional.