ACTUALIZADO EN MAYO DE 2026
Este texto fue escrito en un momento en que la criminalización del independentismo catalán ocupaba el centro del debate político y mediático. Leído hoy, no debe entenderse solo como una reacción a una coyuntura concreta, sino como parte de una cuestión más profunda: el uso de aparatos del Estado, informes policiales, filtraciones, espionaje o campañas de descrédito contra adversarios políticos.
Con el paso de los años, términos como “Operación Cataluña”, “cloacas del Estado” o “Pegasus” han dejado de ser simples denuncias de parte para convertirse en materias investigadas en sede parlamentaria. Eso no resuelve todas las responsabilidades, pero confirma que el problema no era imaginario ni menor.
El fondo democrático sigue siendo el mismo: ningún Estado puede defender la legalidad usando zonas oscuras, guerra sucia o manipulación informativa. Cuando la razón de Estado se coloca por encima de los derechos, la democracia se estrecha y la disidencia queda marcada como amenaza.
Por eso conviene releer esta entrada como una advertencia. El problema no es solo Cataluña. El problema es qué tipo de democracia queda cuando los poderes opacos pueden actuar contra movimientos políticos, sociales o nacionales sin transparencia, control ni rendición de cuentas.
