En la foto, los cinco de «La Manada». En enero de 2019 estaban en la calle, aunque los habían condenado por abusar de una joven. Mientras, otros iban a prisión sin juicio. Aquí cuento esa doble vara y de dónde viene.
En enero de 2019 hubo otra muestra de la mierda de justicia que tenemos en las Españas.
La Audiencia de Navarra mantenía en libertad a los cinco violadores de «La Manada», aunque estaban condenados a 9 años de prisión.
Este trato de favor contrasta con lo que les pasó a los jóvenes de Alsasua, al anarquista vegano Nahuel y a los independentistas catalanes. A todos los encarcelaron antes del juicio.
Alsasua
En Alsasua, el Estado convirtió en un montaje político una pelea de bar entre unos jóvenes y dos guardias civiles fuera de servicio y sus parejas.
Acusaron de terrorismo a once jóvenes. Siete fueron a prisión provisional. Al cabo de un mes, cuatro salieron con cargos y tres siguieron en la cárcel.
En el tribunal estaba la jueza Concepción Espejel. Era amiga de María Dolores de Cospedal, del PP, y la Guardia Civil la había condecorado. Años antes, Espejel presidió el tribunal que se negó a entregar a la justicia argentina al torturador franquista Billy el Niño.
Nahuel
Nahuel, un anarquista vegano, pasó un año y cuatro meses en la cárcel. Lo acusaban de ataques que nunca existieron, con explosivos que no tenía.
En 2015 detuvieron con él a otros cinco jóvenes del grupo anarquista vegano madrileño Straight Edge (SXE). Después, la Audiencia Nacional los absolvió a todos.
Los presos políticos catalanes
Los independentistas catalanes llevaban más de un año en prisión preventiva, sin juicio. Estaban presos por ser presos políticos.
Por eso ni Alemania, ni Bélgica, ni Escocia, ni Suiza vieron delito que justificara entregar a los independentistas exiliados.
Una justicia heredera del franquismo
El poder judicial de las Españas es una costra tumefacta y podrida, que actúa según los valores patriarcales más rancios. Y es el brazo ejecutor de la represión de la minoría que controla el poder.
En el franquismo, el Tribunal de Orden Público (TOP) condenaba a cualquier disidente. Lo acusaba de asociación ilícita, propaganda ilegal, desorden público, sedición o tenencia de armas.
Cuando la Transición del 78 eliminó el TOP, la gran mayoría de sus jueces y fiscales pasaron a las nuevas instituciones democráticas. Al menos 10 de los 16 jueces del TOP acabaron en el Tribunal Supremo o en la Audiencia Nacional.
Desde entonces se han ido reproduciendo hasta formar el actual poder judicial neofranquista.
En junio de 2019, el Supremo subió la condena de «La Manada» a 15 años por violación, y volvieron a prisión. A los de Alsasua no los condenaron por terrorismo, y en 2019 el Supremo les rebajó las penas. Los presos independentistas fueron condenados en octubre de 2019 e indultados en junio de 2021.